Las Prácticas Académicas Externas en los grados universitarios de educación se han convertido en un elemento esencial para la preparación de los futuros profesionales de la Educación en España.
Sin embargo, estas se encuentran en peligro debido a la puesta en marcha del Real Decreto-ley 2/2023, en el que, a través de la disposición adicional quincuagésima segunda, “Inclusión en el Sistema de Seguridad Social de alumnos que realicen prácticas formativas o prácticas académicas externas”, obliga a que el estudiantado cotice por sus Prácticas Académicas Externas.
Aunque esto puede ser un dato positivo para el estudiantado, ha sido todo lo contrario. Ninguno de los componentes protagonistas en esta problemática: el Órgano Autonómico, Rectorado, Decanato, etc., ha querido hablar y certificar quién será el encargado de sufragar este pago. Por ello, muchas instituciones que ofertaban plazas para los estudios de educación, por el miedo de tener que hacerle frente, han decidido no ofertar plazas, reduciendo en gran nivel el número y variedad de las mismas.
Desde CESED, la Asociación Nacional de Estudiantes de Educación y Formación del Profesorado, como representantes de estudiantes de educación exigimos los siguientes aspectos:
Todos los órganos participantes en esta problemática deben informar y difundir todo lo acordado sobre este tema, habiendo una máxima transparencia de información y acuerdos.
El pago de los costes que las prácticas impliquen lo debe sufragar el Órgano Autonómico competente. Las universidades no deben destinar presupuestos de otras cuantías para ofrecer las prácticas a sus estudiantes.
Los plazos y la duración de las prácticas no deben alterarse sin previa consulta al estudiantado y, además, se debe dejar un amplio margen para aplicarse.
Que no se reduzca la oferta de plazas para asegurar que todo el estudiantado pueda cursarlas y que, además, tengan coherencia con el futuro profesional de los estudios que están cursando.
